CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD POR LAS FAMILIAS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En el Perú [1], 12 687 835 personas (45.40 % de la población) sufre alguna deficiencia, la discapacidad [2] afecta a 8 741 175 (31.28%) y la minusvalía al 3 655 438 (13.08%) [3].
Estos millones de peruanos no hemos merecido que en el Acuerdo Nacional se contemple una Política de Estado para apoyarnos a desarrollar nuestras capacidades, a potencializar nuestros talentos.

En octubre del 2005 como consecuencia de la exclusión de la que muchas veces somos victimas las personas con discapacidad (PcD), se hizo viajar a un ser humano, que padecía de una discapacidad mental, en la bodega de un ómnibus interprovincial, en donde finalmente murió asfixiado. Luctuosos hechos como este y tantos otros que vivimos día a día, las familias con PcD, nos deben motivar a participar en la vida política de nuestro país como si la vida se nos fuera en ello, porque, evidentemente, es así.

Participar cívicamente en la elección de aquellos que con sinceridad y compromiso defienden y defenderán los derechos de las familias con PcD; en la toma de decisiones concertadas con las autoridades electas; y ojalá políticamente como regidores, Alcaldes, Consejeros, Presidentes Regionales, Congresistas, hasta que algún día, por qué no, una PcD asuma la Presidencia de la República.

Es cierto que la gran mayoría de PcD, por diversas razones, no podemos hacer vida político-partidaria, como también es cierto que la gran mayoría de movimientos y partidos políticos no nos consideran capaces de aportar al desarrollo del país o a la solución de nuestra problemática. Y nos ignoran, y una prueba de ello es que, hasta el momento, para los señores candidatos a la Presidencia de la República tampoco existimos, porque no han hecho una sola propuesta de gobierno para fortalecer a las familias con PcD.

¿Cómo puede hablarse de superar la exclusión, de cambiar los factores que condicionan a la pobreza al núcleo familiar de PcD, si los que aspiran a regir los destinos de nuestro país nos ignoran?

Las familias con PcD, exhortamos a los señores políticos para que cumplan con su deber de planificar y aplicar políticas que nos faciliten los medios para lograr la igualdad de condiciones para acceder a las oportunidades; posibilidades que, por equidad, se deben generar para todos.

El Estado tiene el DEBER de equilibrar las diferencias entre los sectores ciudadanos, sirviendo y administrando los bienes y los intereses de todos por igual, sin inclinarse a ninguno en particular”.
Por lo tanto, aquellos que aspiran a administrar el Estado también deben proponer alternativas que contribuyan a hacer realidad propósitos como los siguientes :
Fortalecer a la familia con PcD.
Acceso a la educación permanente.
Acceso permanente a servicios de rehabilitación
Acceso a las nuevas tecnologías y a su utilización.
Acceso al empleo y a su conservación.
Acceso a programas sociales y de salud.
Acceso al entorno arquitectónico público y privado.
Acceso a los medios de transporte público y privado.
Acceso al dialogo y a la concertación con el estado.
Creación de un Fondo Privado de Inversión, como un mecanismo posible, para generar medios y oportunidades que puedan hacer realidad los propósitos de la ley en favor de la PcD y su familia.

Amigos, ayúdennos a despertar en nuestros políticos la toma de conciencia del deber que tienen para con las familias con PcD y a propiciar la unidad de las familias con PcD para que, en estas elecciones, como fuerza electoral[iv], elijamos a quienes nos garanticen que en los próximos cinco años, también se contribuirá al desarrollo de las familias con PcD.

Muchísimas gracias
Lima, noviembre del 2005


José Gregorio Fernández de Paredes Ferreyros

[1] Población estimada al 30 de junio del 2005: 27 946 774 INEI

[2] “La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad” Ley 27050

[3] Estudio de “Prevalencia de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías en el Perú” (1993) Elaborado por el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Rehabilitación del Callao con el auspicio académico de la Organización Panamericana de la Salud y la participación del INEI

[4] P. Ej. Si las personas con minusvalía somos 3 655 438 y se considera que una familia promedio esta conformada por 4 miembros tendremos que cerca de 14 621 752 personas se ven afectadas, por lo menos económicamente, por cuanto se conoce lo oneroso que es atender a las PcD

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